Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: El trabajador fue objeto de modificación sustancial de condiciones laborales. Disconforme con la misma exinguió su contrato de trabajo con derecho a indemnización que el juzgado reconoce. La empresa recurre por cuanto el juzgado no fudamentó el salario que le sirvió de base para la indemnización. La Sala admite el recurso por causa exclusivamente procesal al apreciar inconguencia pero no resuelve el fondo limitándose a confirmar la sentencia al no existir méritos para declarar nulidad de actuaciones por dicha causa sin que proceda examinar el resto de cuestiones al ser la mofificación individual de condicones de trabajo irrecurrible.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto en reclamación de restablecimiento económico por el contrato de concesión de un aparcamiento durante la pandemia. La cuestión en la apelación no es si la recurrente tiene derecho al restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato de concesión al amparo de un concreto régimen ya decidida en primera instancia; la cuestión es si la sentencia ha de ser revisada por las razones del recurso de apelación. La normativa específica que adopta medidas en materia de contratación durante la pandemia exige imposibilidad de ejecución del contrato que en este caso no se da. No se puede confundir la "imposibilidad" con la dificultad de ejecutar un contrato, máxime en este tipo de contratos en los que la duración de la concesión se prolonga durante años y el periodo tomado en consideración queda reducido a unos pocos meses, pues el reequilibrio ha de ser valorado en el conjunto de la prestación, lo contrario implicaría que la Administración tendría que asegurar al concesionario frente a toda contingencia que alterara los términos de su prestación.
Resumen: Se denuncia vulneración del derecho fundamental a la integridad moral por la tardanza en resolver sobre una prestación de Seguridad Social, pero se desestima porque no se encuentra dentro de su contenido esencial el derecho a prestaciones de seguridad social, y porque las sentencias constitucionales que se dicen infringidas se refieren a violaciones del derecho a la tutela judicial efectiva por dilaciones indebidas en un proceso judicial, nada que ver con las demoras resolutorias en un procedimiento administrativo; y tampoco integra ese derecho el de un reconocimiento íntegro de lo solicitado si no corresponde conforme a las leyes. La demandante fue perceptora de subsidio por desempleo en el periodo de 14/11/2020 al 13/02/2021, por lo que dentro del año 2020 no ha percibido periodo sustancial, de manera que tal escasa cobertura temporal a través del subsidio por desempleo no permite concluir la ausencia de vulnerabilidad económica en 2020 en conjunto, siendo estos ingresos los que se tendrán en cuenta en aplicación de la norma transitoria de excepción que regula la institución.
